El decreto salva la caza

Visto en Diario de León. 24/11/2011
 

Piluca Burgos. Corresponsal Valladolid.
 

El Consejo de Gobierno aprobó ayer, en una reunión extraordinaria, el decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre para evitar la suspensión de la temporada de caza, dictada cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el viernes.

En el auto, promovido por Ecologistas en Acción, el TSJ exigía a la Junta un marco normativo superior, conforme a la Directiva Comunitaria de Aves, y la reforma de la Orden Anual de Caza. Por este motivo, el Consejo Regional de Caza se reunió ayer por la tarde para conocer el contenido del nuevo decreto y para aprobar la modificación de la orden. Según fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el Bocyl publicará hoy la aprobación del nuevo decreto y mañana el cambio acordado en el Consejo de Caza.

Con estas dos acciones in extremis, parece que la Junta ha conseguido evitar la suspensión. De hecho, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, anunció ayer que «el fin de semana se podrá cazar» en Castilla y León, ya que el decreto «se adapta a la directiva y da respuesta» a la definición de especies cinegéticas, control poblacional y periodos de caza, incluso el valor de las piezas cazadas, que lleva sin actualizarse desde 1985.

Además, Silván recordó que se trata de un documento «consensuado y participativo», en el que han estado implicados todos los colectivos y agentes «que tienen que ver con la caza» en la Comunidad.

«Improvisada» Orden de Caza. Ecologistas en Acción pedirá la nulidad de los acuerdos alcanzados ayer en el Consejo extraordinario de Gobierno para aprobar un decreto con la regulación exigida por la Directiva de Aves y el TSJ, e «improvisando una nueva Orden de Caza», en el Consejo Regional de Caza, en sustitución de la parcialmente suspendida.

A juicio de la organización verde, la Junta de Castilla y León pretende «eludir una resolución judicial firme». Un hecho que comunicara de inmediato a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, con sede en Valladolid, ya que lo considera un intento «burdo» de eludir una resolución judicial firme, y recuerda que la Junta «puede incurrir en un presunto delito de desobediencia», informa Ical.